La
Dirección General de Tráfico es un organismo extraño porque no tiene una partida en los Presupuestos Generales del Estado, PGE, sino que se autofinancia con las
multas y tasas que cobra a los ciudadanos. Lo que es menos conocido es que cada año realiza transferencias a la Tesorería del Estado por valor de más de 150 millones de euros, una cifra que en 2017 superó
los 500 millones. Este dinero llega a Hacienda a través de unas transferencias sin partida presupuestaria y con números de
expediente '000X'. Este artículo ha sido elaborado en colaboración con el auditor de Seguridad Vial Andrés Luis Romera Zarza.
O dicho de otra manera, la DGT es como un
agujero negro dentro de la Administración.
Es un organismo pensado para trabajar en favor de la seguridad vial que en realidad recauda el máximo dinero posible con tasas y multas, pero que gasta lo mínimo en conseguir sus objetivos. Y todo ello para dar el máximo de
beneficios económicos al Estado. La prueba es que una parte del parque de los vehículos de la DGT no tiene el mantenimiento necesario y está parada por ello. O que los agentes de la Guardia Civil solo pueden hacer unos pocos controles de drogas por el coste de dichos test. Eso sí, cada año le sobran más de 150 millones de euros sin gastar que transfiere al Estado.
La DGT,
en su página web, señala que
su misión principal es la mejora de la seguridad de la circulación viaria y su consiguiente reducción de los índices de siniestralidad asociados. Analicemos en primer lugar algunos índices de siniestralidad en el último quinquenio del que se tienen
datos oficiales (2014- 2018). Estos datos permiten discernir si la DGT viene cumpliendo su misión principal: trabajar para reducir la siniestralidad vial.
Operación retorno sin recursos: motos y coches averiados por falta de presupuesto
En el quinquenio analizado se han producido, en vías urbanas e interurbanas, 0,5 millones de accidentes con víctimas, de los que casi 8.000 han sido mortales, con un total de 0,7 millones de víctimas, de las que
casi 9.000 han fallecido. El coste estimado de estas víctimas, según los baremos oficiales empleados por la DGT, supera los
50.000 millones de euros para la sociedad española. En el año 2018, último analizado en este informe, todas las cifras
superan la media del periodo, excepto la de heridos hospitalizados, con cifras muy similares a las de 2017.
(Fuente: elaboración propia con datos de la DGT)
Si ahora realizamos este mismo análisis pero centrado solo en las
vías interurbanas, donde la DGT tiene competencia directa, observamos que en el quinquenio analizado se han producido, en vías interurbanas,
0,2 millones de accidentes con víctimas, con un resultado total de 0,28 millones de víctimas, aproximadamente. De ellos, casi 6.000 han sido accidentes mortales, en los que han
fallecido casi 6.500 personas.
(Fuente: elaboración propia con datos de la DGT)
De ello, podemos concluir que la DGT, en los últimos cinco años analizados,
no está mejorando la seguridad de la circulación viaria y por consiguiente tampoco está reduciendo los índices de siniestralidad asociados. Esta actitud está suponiendo para la sociedad no solo un número de víctimas de los accidentes de tráfico
inasumible, sino también un coste monetario elevadísimo, cercano al
5% del PIB en el periodo entre 2014 y 2018.
Esto lleva a preguntarse si realmente la DGT ha puesto todos los medios a su alcance para mejorar la seguridad de la circulación viaria en estos cinco años analizados, que es una tendencia que se mantiene año tras año. En lo referente a medios monetarios, tenemos los siguientes datos significativos: en el quinquenio analizado, se han
recaudado por tasas, multas y sanciones de tráfico aproximadamente
5.000 millones de euros, mientras que se han realizado
transferencias al Estado por valor de 1.400 millones de euros, es decir, un
28% de sus ingresos por tasas y multas.
Esta cantidad es la suma de los
superávits logrados por este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, cada año desde 2014 hasta 2018. Es decir, son los
'beneficios' económicos obtenidos por un departamento que, como organismo público que es, no debería tener beneficios.
También resulta significativo que en los dos últimos años analizados de los que se tienen datos, mientras que en
vigilancia y control de la seguridad vial la DGT ha invertido casi
650 millones de euros cada año, en educación y formación en seguridad vial solo ha invertido tres millones de euros. Es decir, aproximadamente un
0,4% de lo invertido en vigilancia y control, que básicamente son las nóminas de la plantilla, el mantenimiento del parque móvil y los radares.
Esta es la página 92.285 del BOE n.º 232 de fecha 25 de septiembre de 2018 en el que se incluyen las cuentas de la DGT del ejercicio 2017. (Pinche para ampliar)
Veamos
cómo se realiza el proceso analizando los datos existentes del año 2017. En los
Presupuestos Generales del Estado, dentro del Presupuesto de Gastos de la Jefatura Central de Tráfico, se incluye un capítulo 4: Transferencias corrientes al Estado. Esto demuestra que se está
admitiendo un beneficio encubierto dentro de la DGT, cuyo importe es el de la citada transferencia a realizar al Estado, superior a los 150 millones de euros cada año.
El total del Presupuesto de Gastos de la Jefatura Central de Tráfico en el
año 2017 reflejado en los Presupuestos era de
906.929.740 euros (en el que estaban incluidas
transferencias corrientes al Estado por un importe de 166.891.740 euros, aprobado en la Ley de Presupuestos Generales).
En los Presupuestos Generales del Estado, dentro del Presupuesto de Ingresos de la Jefatura Central de Tráfico, se incluye un capítulo 3 —Tasas, precios públicos y otros ingresos—, compuesto por las tasas de las jefaturas de Tráfico, multas y sanciones. En este caso, el total del Presupuesto de Ingresos de la Jefatura Central de Tráfico en el año 2017 era de 906.929.740 euros (en el que estaban incluidos los ingresos procedentes de tasas, multas y sanciones por importe de 904.062.710 euros).
Seguridad vial
En la realidad, los ingresos del capítulo 3, por tasas, multas y sanciones, alcanzaron la cifra de 1.003.144.380 euros, lo que, unido al
excedente de tesorería acumulado de años anteriores, posibilitó poder realizar una transferencia complementaria de 350 millones de euros. Todas estas cifras se pueden comprobar en el
BOE n.º 232 de fecha 25 de septiembre de 2018 en la
página 92.285.
Está situación está provocando que
la DGT no invierta todos los recursos generados, por tasas, multas y sanciones (en el quinquenio analizado, se han incrementado un 15%), en formación, educación, investigación y ayudas a las asociaciones de víctimas. En lugar de estas inversiones, imprescindibles para poder
mejorar la seguridad vial, lo que se hace es enviar transferencias al Estado. Esta actitud está provocando los resultados negativos en cuanto a las cifras de
siniestralidad indicadas con anterioridad, y esto, unido a una
única política de control y vigilancia de los conductores, puede provocar un deterioro mayor de la situación actual.
Con un presupuesto anual de 150 millones de euros más cada año, o los casi 1.400 millones de euros que la DGT ha transferido al Estado entre 2014 y 2018 (280 millones de euros de media cada año), se podrían hacer muchas cosas.
Cursos de formación, campañas de concienciación,
programadas divulgativos en televisión o en internet para enseñar a los conductores cómo circular en una rotonda o cómo hacer un adelantamiento.
Cada año envía transferencias al Estado de los beneficios obtenidos con multas y tasas
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